Las reiteradas declaraciones del presidente electo Javier Milei reafirmando una reducción drástica de los presupuestos públicos y un conjunto de reformas debilitando los alcances de la acción estatal ha puesto en alerta roja al sistema de protección civil del país. En esta oportunidad el alerta no se desata por un gran incendio u otro incidente sino por el posible quiebre financiero del sistema y su inmediato impacto negativo en la población En Argentina, como en el resto del mundo, las organizaciones de atención de la emergencia y los desastres son organizaciones sostenidas principalmente por presupuestos estatales, son parte esencial del sistema público de seguridad. En argentina la seguridad siniestral se sostiene principalmente por el sistema de bomberos voluntarios conformado por más de mil asociaciones civiles (1040 exactamente) que reciben del gobierno nacional un subsidio anual producto de la contribución obligatoria del cinco por mil (5‰) de las primas de seguros. El monto recibido es el mismo para todas las asociaciones de bomberos del país. Para algunas de ellas es un aporte muy importante y para otras es solo una pequeña ayuda para costear los gastos operativos básicos. La diferencia radica en que hay cuarteles de bomberos muy pequeños en localidades poco pobladas y cuarteles que atienden la seguridad de ciento de miles de habitantes (o millones como los Bomberos Voluntarios de La Matanza en Buenos Aires, la asociación de bomberos más grande de iberoamérica). Además del subsidio nacional, en algunos casos, las asociaciones de Bomberos Voluntarios reciben aportes de los gobiernos provinciales y municipales. Y un número importante de los cuarteles obtienen su ingreso principal mediante gestión propia, realizando rifas, peñas, festivales, cobrando una cuota social y otras actividades comunitarias. Hacemos bien en pronosticar que todo eso corre peligro en medio de una crisis económica. Los recuerdos de 2001 están muy presentes en la dirigencia bomberil. La provincia de Buenos Aires tiene el sistema de bomberos voluntarios más numeroso del país. También es la jurisdicción donde se encuentran los cuarteles más grandes y con más servicios diarios. Al día de hoy 272 cuarteles, que están integrados por 16.000 bomberos y bomberas. Estas instituciones reciben un complemento al subsidio nacional producto de la ley 14.761. El subsidio provincial tiene por objeto fortalecer a las instituciones que asisten a mayor cantidad de habitantes. Además, es importante en la provincia de Buenos Aires el aporte que realizan los gobiernos municipales mediante ordenanzas y tasas específicas o cesión de derechos de recaudación de algunos servicios. En fin, las fuentes de financiamiento del sistema de bomberos voluntarios son diversas y tienen dos pilares fundamentales, el aporte estatal y el aporte de la comunidad. No existe o es insignificante el aporte del capital privado al sistema. Siguiendo con la provincia de Buenos Aires es destacable el aporte concreto que ha realizado la gestión del gobernador Axel Kicillof para sostener el el sistema de emergencias. En primer lugar actualizando el monto del subsidio de la ley 14.761 en 150%
en el año 2021 (Ley que la ex gobernadora Vidal demoró en reglamentar 4 años), en segundo lugar realizando una inversión sin precedentes en la historia nacional en equipamiento para el combate de incendios forestales y grandes emergencias. Se destaca la adquisición y equipamiento de 10 helicópteros para emergencias, lo cual significa que hoy Buenos Aires es la provincia más equipada y mejor preparada para afrontar este tipo de eventos en todo el país, incluso superando en capacidad operativa concreta a muchos países de la región. Semejante avance de la provincia en su capacidad de responder a emergencias civiles, se entiende por la decisión política de su gobernador. Decisión que se concreta en la inversión y asignación de presupuestos públicos. Además del equipamiento, la provincia de Buenos Aires realizó la incorporación de personal policial a la superintendencia de Seguridad Siniestral. Luego de 27 años sin ingresos masivos se abrió una sede especial de la Escuela Juan Vucetich en el partido de Rojas donde se formaron y egresaron 130 nuevos oficiales que ya cumplen funciones en la Superintendencia de Seguridad Siniestral. La Superintendencia de Seguridad Siniestral de la Provincia de Buenos Aires está conformada por 1.300 profesionales que cumplen tareas en cuarteles de Bomberos de Policía en grandes ciudades como La Plata, Bahía Blanca, Mar del Plata, Junín y San Nicolás. De esa estructura también depende la Policía Ecológica (de un rol fundamental durante la pandemia Covid19), la Dirección de Rescate y la Dirección de Explosivos. Todo este conjunto de personal y materiales es sustentado por presupuesto público provincial. La decisión de incorporar personal, equiparlo y formarlo es, lógicamente, resultado de la inversión pública del estado provincial. Otro elemento central del sistema de atención a la emergencia son las defensas civiles provinciales y municipales. Los gobiernos hacen diferentes esfuerzos para conformar estos equipos, capacitarlos en los nuevos paradigmas de los sistemas de respuesta y dotarlos del material necesario para actuar correctamente y de manera segura. Como vemos, el estado es el sostén del funcionamiento del sistema. No imaginamos, ni encontramos experiencias, dónde el interés privado pueda sostener la actividad de respuesta a las emergencias y los desastres. Nuestra preocupación se refuerza por dos factores. El primero tiene que ver con los elevados costos de funcionamiento que tienen las actividades antisiniestrales. A los gastos más comunes de funcionamiento que son ya muy elevados y conocidos por todos, como puede ser reemplazar la cubierta de un camión de gran porte, o la batería de un autobomba o reponer el combustible consumido en un incendio, debemos sumarle el equipamiento específico que en la mayoría de las veces se trata de equipamiento importado de precios muy elevados. Bajar la calidad de ese equipamiento o postergar su reemplazo significa poner en peligro la vida de un bombero o un rescatista. El segundo factor que nos obliga a poner el sistema en alerta es el contexto ambiental. Aunque el presidente electo niegue lo evidente, el cambio climático y sus impactos son una realidad cotidiana. Adaptarnos al cambio climático significa, entre otras cosas,
fortalecer y profesionalizar los sistemas de emergencias y prevención de desastres. Con mayor frecuencia nos enfrentamos a incendios forestales de comportamientos extremos ó a grandes lluvias y tormentas que se alternan con períodos de sequías prolongadas. Hoy el peor pronóstico es anunciado por las nuevas autoridades del país. Ajuste y desinversión estatal significa años en retroceso de la capacidad de adaptación al cambio climático para nuestro país. Los nuevos escenarios deben ser atendidos por profesionales mejor preparados y más equipados. La vida de millones de personas depende del éxito de esos equipos. El éxito en la atención de la emergencia solo es posible si la voluntad y el profesionalismo es acompañado de la inversión pública constante y creciente. No existe posibilidad alguna de sustituir el financiamiento estatal para sostener el sistema. Es necesario que las nuevas autoridades nacionales tomen nota del daño que puede ocasionar el desfinanciamiento del sistema o de recortar los recursos que las provincias necesitan para sostener la actividad en sus jurisdicciones. No hay en el campo de la seguridad siniestral y la emergencia lugar para el ajuste.
*Fabian Garcia Director Provincial de Defensa Civil Buenos Aires Director del Departamento de Gestión del Riesgo y la Siniestralidad Instituto universitario Juan Vucetich.
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