La Patria no se vende y el federalismo no se negocia

El orden constitucional agoniza. El Pueblo argentino padece un ataque integral desde la Presidencia de la Nación, replicado por personeros del régimen imperante en redes sociales y medios de comunicación afines.

Los resultados están a la vista: aumento de la violencia y la desigualdad, desgaste de la institucionalidad democrática, vaciamiento conceptual de los valores humanistas, empobrecimiento económico generalizado, entrega inaudita del patrimonio nacional, regresión educativa y cultural, destrucción de la capacidad soberana del Estado, centralismo mesiánico antifederal, descarte de jubilados, populismo represivo, silencio oficial ante la provocación colonial británica en Malvinas y sumisión al credo fondomonetarista.

Así, un relato fundamentado en el retroceso institucional (rige la Constitución de 1994 pero quieren volver a la de 1853) pretende banalizar la realidad endiosando el ajuste criminal en modo motosierra, cuyas consecuencias letales horrorizan hasta al más egoísta de los mortales.

Ya que celebrar un superávit fiscal ficticio al costo de 60% de pobres e indigentes, es lisa y llanamente dirigir el país hacia la anarquía y el caos. Nadie pone en tela de juicio la legitimidad de origen del presidente Milei. Sin embargo, es conveniente recordar que el voto popular nunca otorga patentes de corso ni cheques en blanco.

La legitimidad de origen se complementa y vigoriza con la legitimad en el ejercicio del poder. Cumplir el contrato electoral demanda el acatamiento irrestricto a la Constitución, respeto a la pluralidad política y vocación por la unidad nacional. La representación política genera deberes insoslayables a la hora de gobernar y uno de esos deberes es respetar al que piensa distinto creando acuerdos básicos en el proceso constitucional de sanción de las leyes. En Democracia los decretos son una excepción en tiempos de emergencia y el buen gobierno sirve al bien común con un razonable equilibrio especialmente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Cuando el Poder Ejecutivo agrede e insulta a otros representantes del Pueblo, incurre en prácticas antidemocráticas que observamos con profunda preocupación a partir del 10 de diciembre de 2023.

Son constantes los agravios personales y las descalificaciones más soeces proferidas contra los gobernadores, los partidos políticos, el periodismo, el sindicalismo, los dirigentes sociales, el Congreso Nacional y representantes de la cultura popular.